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El régimen de insolvencia empresarial colombiano (Ley 1116 de 2006 y Ley 2437 de 2024) procura la protección del crédito y la preservación de empresas viables como unidades productivas y generadoras de empleo.

  • Las dos vías principales: reorganización empresarial (acuerdo para normalizar pasivos operacionales) y liquidación judicial (cierre ordenado para realizar activos y pagar acreedores).
  • La disponibilidad de procedimientos abreviados y los Procedimientos de Recuperación Empresarial (PRE) ante las cámaras de comercio.
  • Los supuestos de inicio: cesación de pagos (mora >90 días o demandas ejecutivas que representen ≥10% del pasivo) e incapacidad de pago inminente.
  • El orden de prelación de créditos prioriza acreencias laborales/fiscales (1ª clase), garantías mobiliarias (2ª clase) y garantías reales (3ª clase), protegiendo los gastos de administración.
  • Los efectos protectores de la reorganización, como la suspensión de procesos ejecutivos, levantamiento de medidas cautelares y prohibición de terminación unilateral de contratos operativos.

Comprender el régimen concursal permite proteger los derechos de crédito y reestructurar pasivos estratégicamente en situaciones de iliquidez.